Yang Chunlin no pensaba asistir a los Juegos Olímpicos de todas formas, pero el gobierno chino se ha asegurado su ausencia enviándolo a un campo de trabajos forzados. Una sola frase 'Queremos Derechos Humanos, No Juegos Olímpicos' ha sido suficiente para indignar a un régimen que ha decidido imponer el fervor patrio por el acontecimiento a sus 1.400 millones de ciudadanos.
La campaña contra disidentes, periodistas y activistas de cara a los JJOO forma parte de lo que el principal responsable de seguridad del país, Ma Zhenchuan, describe como la creación de un 'ambiente social seguro'. La recogida de firmas de Yang en contra de Pekín 2008 –más de 10,000- suponía una gran 'amenaza para la seguridad del Estado' a los ojos de la dictadura.
El activista arrestado, un desempleado de la ciudad de Jiamusi, es sólo una de las decenas de personas que han empezado a ser silenciadas por el régimen ante una cita que sus líderes esperan sirva de escaparate para la Nueva China del desarrollo y la modernidad. Los nuevos rascacielos, la pujante clase media de las ciudades o la bolsa conviven, sin embargo, con la una Vieja China que se resiste a morir: la de la represión y el pensamiento único.
La lista de últimos encarcelados incluye al abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, el disidente Lu Gengsong, el defensor de los campesinos Liu Jie y Hu Jia, que en diciembre se convirtió en el caber disidente encarcelado en China número 51, un récord internacional que se suma al de ejecutados a muerte o periodistas encarcelados. El crimen de Hu fue recordar a través de su página de Internet que a pesar del meritorio desarrollo económico que ha sacado de la pobreza a cerca de 400 millones de chinos, cerca de 800 millones de campesinos siguen viviendo extremas dificultades y que sus derechos no están siendo respetados. La familia de Hu, incluido un bebé de dos meses al que se ha descrito como el 'prisionero político más joven del mundo', quedó bajo arresto domiciliario.
La nueva campaña contra la disidencia reaviva el viejo debate sobre la conveniencia de ceder la organización del evento deportivo que supuestamente representa la solidaridad y la justicia a una dictadura que se mantiene en el poder a base de despreciar ambas. El último en alejarse del régimen chino y renunciar a su participación como asesor artístico en los Juegos ha sido Steven Spielberg. El director de cine ha asegurado que su conciencia no le permite colaborar con un régimen que vende armas y ofrece apoyo político al Gobierno de Sudán, acusado de genocidio en la región de Darfur. Uno siempre ha tenido sentimientos encontrados en ese debate: ningún pueblo se merece más la organización de los Juegos que el chino, que ha sabido salir adelante con todo su sacrificio y a pesar de guerras, invasiones, revoluciones que no lo fueron tanto y dictaduras que sí. Y, sin embargo, pocos Gobiernos desmerecen el privilegio olímpico como éste que tanto teme la opinión de sus ciudadanos y que sigue enviando a prisión a aquellos que no comparten la suya.
